La reforma política de la Ciudad de México. ¿Resultado de la participación ciudadana o acuerdo entre élites?

La literatura sobre la participación ciudadana supone que ésta es determinante para el desarrollo democrático; que a mayor participación, más democracia. Según esto, la progresiva democratización de la Ciudad de México, que ha ganado desde la elección de sus gobernantes locales hasta la garantía de derechos, es el resultado de un movimiento de la ciudadanía y sus organizaciones que han participado de manera constante para lograrlo. Sin embargo, al estudiar en retrospectiva la culminación de la Reforma de la Ciudad de México como entidad federativa y con su propia constitución puede cuestionarse ese supuesto. Desde 1993 que desde la sociedad civil y la oposición partidaria se propuso que el Distrito Federal se transformara en el estado 32, hubo al menos cinco ocasiones en que esta posibilidad se truncó para que fuera aprobada por el Poder Legislativo. La ponencia quiere llamar la atención sobre el hecho de que la participación ha sido condición necesaria pero no suficiente para que se den los cambios institucionales favorables a la democracia; que estos no se dan en automático, sino que hay una variable interviniente que es también condición necesaria: el acuerdo político (que inclusive puede ser condición suficiente para un cambio institucional). Al estudiar el proceso de democratización de la Ciudad de México, puede reconocerse que la participación efectivamente sí ha sido significativa para introducir temas en la agenda política, para promoverlos en la opinión pública y para presionar a quienes toman las decisiones para que actúen al respecto. Esto lleva a considerar la complejidad de las variables y su interrelación: hay distintas formas de participación que influyen en distintos tipos de acuerdos para distintos tipos de cambios institucionales en distintas coyunturas. La ponencia presenta evidencias y argumentos de que la culminación de la reforma política de la Ciudad de México es el resultado de un acuerdo entre élites políticas, en un momento de baja intensidad en la participación y en el que no es un tema prioritario en la agenda de la ciudadanía ni para los distintos actores políticos, salvo para el jefe de Gobierno.

Héctor Villarreal /Universidad Autónoma Metropolitana
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