Prospera: entre la vulnerabilidad y la discrecionalidad en la salud de los sinaloenses
El régimen de bienestar mexicano, al igual que los países de América Latina, ha pasado por un proceso de legitimación del sistema político, en donde el Estado ha tenido que implementar acciones de apoyo social para controlar las demandas de la población y con ello disminuir las desigualdades entre el mercado de trabajo formal y el informal, dado que la pobreza ya no es solo en el área rural sino que también afecta a las ciudades. El Gobierno Federal a lo largo de cuatro administraciones, ha hecho frente a la situación de vulnerabilidad de la sociedad, introduciendo Prospera, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las familias y contribuir en su desarrollo social. Sin embargo, pese a la partida presupuestal con la que cuenta y la intención de corresponsabilizar a los beneficiarios en el cuidado de su salud y el acceso a la educación, no se ha logrado cambiar el nivel socioeconómico de la población objetivo. Esto debido a que el programa al seleccionar a quién beneficia y a quién no, y estableciendo condicionamiento en los apoyos monetarios suponen actos de discrecionalidad y arbitrariedad en la atención de los servidores públicos hacia la población, utilizando su posición para beneficio propio. En el presente trabajo parte de la hipótesis de que la discrecionalidad en el programa Prospera en el área de salud se debe a la falta de ética de los servidores públicos y a que no se les aplica sanciones dentro de la institución. El universo de estudio será el estado de Sinaloa y para comprobarlo se acude a la técnica de la encuesta y para el procesamiento de la información se utilizará el método estadístico.
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