IMPACTO JURÍDICO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
RESUMEN IMPACTO JURIDICO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION. En toda actividad del Estado Mexicano se pude observar un marco de legalidad dentro del cual se debe desarrollar sus actividades, salirse del mismo resultaría dañino para los ciudadanos y a largo plazo también para las autoridades, por ello y atendiendo a los antecedentes en México, el gobierno federal el 27 de mayo de 2015, promulgó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Es importante señalar que se estableció el plazo de un año para que se expidiera la ley de carácter general que fije las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción y dentro de los seis meses posteriores a ello se deberán expedir las leyes reglamentarias de la reforma antes mencionada. Con el Sistema Nacional Anticorrupción, se busca coordinar y homologar las acciones y políticas en los tres órdenes de gobierno, en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. Del dictamen que la Cámara de Diputados aprobó el 26 de febrero de 2015, secundado por el Senado de la República, se destacan como algunos de los puntos importantes. A) Crear un nuevo esquema para fincar responsabilidades a servidores públicos y , en su caso a particulares que cometan faltas administrativas: b) El tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con facultades para sancionar a los servidores públicos federales por faltas administrativas graves. A más tardar el 27 de mayo del presente año tiene que aprobarse el marco secundario a la reforma constitucional en materia de transparencia, que incluye cinco ordenamientos: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la ley que regule la organización y competencia de la ASF, la ley que instituye el Tribunal de Justicia Administrativa y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, respecto a la Secretaría de la Función Pública. El objetivo de la investigación es analizar las legislaciones que están próximas a emitirse y determinar su aplicabilidad o inaplicabilidad, sobre todo en materia de sanciones que podrá determinar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y emitir propuestas de solución.
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