La relación entre los derechos humanos, la democracia y su proyección en el sistema jurídico mexicano. Una reestructuración funcional del Estado.
La cuestión se resume al análisis de la relación entre los derechos humanos, la democracia y su proyección en el sistema jurídico mexicano. La utopía neoconstitucional que reconoce a todos y todas como personas iguales, libres y dignas. Evidencia al mismo tiempo una retórica política en la que se ha sostenido la idea de Estado al resultar ser más un intento por legitimar las instituciones que una vía real para solucionar los problemas del país, son más una promesa que una garantía. Si bien es cierto que la ley da forma y sentido, también es cierto que los derechos humanos carecen de un fondo material y financiero. ¿Es necesario el reconocimiento de los limites de la ley o la correcta argumentación para exigir la democracia como derecho humano? La falta de garantiazación de los derechos son un claro indicador de la falta de materialización constitucional, un problema grave que erosiona la legitimidad de las instituciones del país a la vez que ocasiona la disminución de participación ciudadana en los procesos democráticos. La evaluación objetiva de las fallas del Estado deben ser evaludas con independencia de los manejos gubernamentales. La excesiva producción legislativa que implementa políticas públicas insolventables que sólo perpetúan la ficción política, la simulación garante y el endeudamiento de los Estados. La legislación no debe caer en la repetición garante de derechos que solo pueden ser otorgados al invocar el Pacto. La valoración congruente entre la realidad social y nuestra Constitución como un indicador de vitalidad normativa ha resultado irrelevante, pareciera que la justicia se presenta solo a medida que la realidad se aleja de ella. La justicia no debe definirse por la reparación del daño, sino como un estado optimo de derechos legitimos. El sistema judicial debe asumir una actuación activa, autónoma e independiente, como un verdadero órgano impartidor de justicia en la regulación de los demás poderes. La garantización efectiva de los derechos humanos y la procuración funcional del Estado al servicio de la poblacion es y debe seguir siendo el objeto de la soberanía y la democracia.