Un cine de ley… sin ley. La necesidad de políticas cinematográficas como puente entre Estado y ciuda
En un contexto de globalización y convergencia digital donde la hegemonía del mercado audiovisual norteamericano se impone no precisamente en función de democratizar identidades, sino más bien de anularlas y seguir alentando asimetrías, las políticas de fomento al cine constituyen una fórmula imperativa para salvaguardar las cinematografías latinoamericanas -vehículo privilegiado para contar relatos desde un lenguaje propio, diverso-. A estas alturas no podemos estudiar estos marcos regulatorios como la sola posibilidad de garantizar la producción de bienes culturales cinematográficos en función del equilibrio dentro de un sistema arbitrario. Hay que entenderlos también como una vía de transformación social que precisa una articulación entre la voluntad política del Estado y la ciudadanía. En medio de la llamada transición interna que propicia nuevas prácticas y espacios asociativos de interacción discursiva como una opción democrática para la deliberación, Cuba parece unirse al debate regional sobre la necesidad de legislar instrumentos normativos desde el compromiso con los actores sociales del cambio, como una competencia suya. Evidencia de esta afirmación es la experiencia participativa del grupo G20, reflejo de las nuevas expresiones y actores emergentes dentro del espacio público criollo. Desde mayo de 2013 este colectivo de cineastas, en franco desafío a la enraizada centralización del aparato estatal -demanda maneras más participativas de ejercer la política-, exige en sus asambleas abiertas la promulgación de una ley de cine, pues a pesar de haber sido la segunda nación de Latinoamérica en contar con el apoyo estatal en función de un cine renovador y de vanguardia, la Isla no ha reformulado el texto legal vigente desde 1959.
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