Participación ciudadana en la política pública
El proceso democratizador en México ha supuesto algunos cambios en la forma de hacer política y de organizar sus acciones. En este sentido, las políticas públicas y sociales se han direccionado, al menos en teoría, a fin de dar cabida a una mayor participación ciudadana, sino en la toma de decisiones en muchos casos, sí como una voz importante que debe ser escuchada a la hora de planificarlas, desarrollarlas y evaluarlas. Este proceso, derivado de un ajuste mayor en la correlación de fuerzas políticas, que buscan la ampliación de su poder político a través de un acercamiento a la ciudadanía, también ha derivado en la institucionalización de arbitrajes del campo de competencia de la elección de representantes y de la transparencia como factor indispensable de la redición de cuentas: accountability. México tiene una buena oportunidad para incorporar mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que permitan consolidar una democracia más substantiva, no meramente formal. No obstante lo cual, hay que señalar que para que se den estas oportunidades se deben solventar tres debilidades previas: la de los propios ciudadanos con relación al CLEAR (los ciudadanos pueden hacer, están dispuestos a hacer, están posibilitados para hacer, están convocados a hacer y se responde a sus puntos de vista), la poca experiencia de las administraciones públicas, incluso temor, en la aplicación de instrumentos de participación ciudadana, sobre todo en la toma de decisiones, y, por último, las deficiencias en las normativas que regulan la participación de los ciudadanos en la esfera pública.
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