PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE RIESGOS: EL CASO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
El control del riesgo asociado al uso de la ciencia y la tecnología se ha convertido en una de las actividades fundamentales de la agenda gubernamental y legislativa en los países desarrollados y emergentes, sobre todo por las consecuencias no queridas a las que han dado lugar: cambio climático, con incidencia en desastres naturales; accidentes en centrales nucleares -Chernóbil y Fukushima, por ejemplo- o los accidentes en carretera, avión o tren. El control del riesgo adquiere una gran importancia para la administración pública y para la percepción que el ciudadano tiene del trabajo que realiza ésta, así como para la aceptación de la ciencia y tecnologías que se desarrollan. El debate se ha dado principalmente en países desarrollados y ha enfrentado, por un lado, a aquéllos que creen que se debe dejar a los expertos la toma de decisiones (en este lado están: administradores públicos, representantes de la industria y buena parte de los científicos y tecnólogos) y, por el otro, a los que piensan que la sociedad civil debe participar activamente en la toma de decisiones sobre el desarrollo y uso de las tecnologías, pues es la ciudadanía en su conjunto la que se ve afectada por las consecuencias negativas que se pueden dar. En esta posición se encuentran las ONG, sobre todo las ecologistas, y algunos intelectuales líderes de opinión, científicos y tecnólogos). Existe una posición intermedia que considera valiosa la aportación de los expertos a la hora de cuantificar los riesgos y la de la sociedad civil, que partiendo de aquélla, debe participar en la toma de decisiones, pues finalmente es la más afectada por los posibles efectos de un mal uso o de un accidente de las tecnologías que se desarrollan. En esta posición se encuentran, sobre todo, algunos intelectuales líderes de opinión, científicos y tecnólogos; así como periodistas y representantes de grupos religiosos. En nuestra ponencia abordamos estas tres posiciones y analizamos sus consecuencias con respecto a la participación ciudadana.
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